Fonasa presenta querella por eventual fraude de subvenciones: apunta a perjuicio cercano a $8 mil millones

El Fondo Nacional de Salud (Fonasa) informó que presentó una querella criminal contra todos quienes resulten responsables por el eventual delito de fraude de subvenciones, en el marco de una investigación que involucra a cinco prestadores de salud por presuntas irregularidades relacionadas con la emisión de bonos de atención.

De acuerdo con los antecedentes disponibles para la institución, las operaciones investigadas habrían generado un perjuicio cercano a los $8 mil millones para Fonasa, afectando recursos destinados al financiamiento de las prestaciones de sus beneficiarios.

La presentación de la querella ocurre luego de que el organismo tomara conocimiento de nuevos antecedentes vinculados a la investigación, los que fueron dados a conocer en un reportaje emitido por Chilevisión durante su noticiero central del lunes 7 de septiembre.

Fonasa ya había recurrido al Ministerio Público por estos hechos. El pasado 7 de agosto, la institución presentó una denuncia al estimar que los antecedentes podrían ser constitutivos de delitos que afectarían gravemente el patrimonio del seguro público de salud y, por extensión, los recursos destinados a la atención de sus beneficiarios.

Investigación apunta a cinco prestadores

La indagatoria se relaciona con cinco prestadores de salud y presuntas irregularidades en la emisión de bonos de atención. Según Fonasa, los antecedentes conocidos hasta ahora dan cuenta de operaciones que podrían haber provocado un perjuicio millonario al seguro público.

La institución enfatizó que continuará entregando al Ministerio Público todos los antecedentes necesarios para contribuir al esclarecimiento de los hechos y que colaborará activamente con la investigación penal actualmente en curso.

Fonasa también reiteró su compromiso con el uso correcto de los recursos públicos destinados al seguro de salud y con la protección del patrimonio del Fondo, que pertenece a sus más de 17 millones de beneficiarios.

Desde el organismo hicieron, además, una precisión respecto de las personas y entidades que puedan aparecer mencionadas durante la investigación. La institución señaló que su eventual identificación no implica una imputación de responsabilidad penal, cuya determinación corresponde exclusivamente a los tribunales de justicia.

De esta manera, la investigación deberá establecer si las operaciones cuestionadas efectivamente configuraron un delito, la magnitud del eventual perjuicio ocasionado al patrimonio de Fonasa y las responsabilidades individuales que pudieran derivarse de los hechos.